Como psicólogos/as y formadores/as de profesionales psicólogos/as tenemos un compromiso ético con el bienestar y la salud mental del país, en especial de aquellos que cuentan con menos oportunidades para su desarrollo. Las situaciones de violencia y vulneraciones de derechos atentan profundamente contra el bienestar y la salud mental no solo de las personas directamente afectadas, sino que afectan al país en su conjunto en la medida que se validan procesos que atentan contra la justicia y la convivencia. Como profesionales conscientes y comprometidos con nuestro quehacer no podemos mantenernos en silencio frente a los hechos acontecidos en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía. Es nuestro deber y compromiso con la comunidad y con nuestros estudiantes declarar lo que sigue.
Expresamos nuestro rechazo y preocupación por la violencia con la que las fuerzas policiales han actuado en un allanamiento en la comuna de Ercilla. Este procedimiento sin precedentes por el número de efectivos y violencia implicada, viene a sumarse a una trayectoria de control social y represión ejercida por el Estado en diversas comunidades mapuche, y que ha tenido una sistemática presencia en este territorio.
En todos estos operativos siempre está la presencia de la infancia mapuche, ya sea viendo, oyendo, siendo testigo de la violencia desatada y de la militarización permanente. Además, son innumerables los casos en que la violencia física y psicológica ha sido vivida en primera persona por niñas, niños y adolescentes mapuche. Estas acciones desproporcionadas que ponen en riesgo su integridad y desarrollo, agudizan una historia de abusos y despojos que el Estado ha generado o patrocinado en un territorio que pertenece ancestralmente a este pueblo.
Los daños transgeneracionales de la violencia de Estado, producen efecto sistemático y acumulativo en las personas y comunidades que lo viven, sobre ello existe robusta evidencia que nos hace nuevamente alertar que no es posible que la sociedad quede como espectadora de estos acontecimientos. El Estado, está llamado a respetar y generar mecanismos para que los derechos fundamentales de los pueblos originarios sean resguardados, y tiene el deber fundamental de garantizar las condiciones para que la infancia viva condiciones que garanticen su desarrollo integral. Esto en Chile no está aconteciendo, y muy por el contrario es el propio Estado mediante sus agentes policiales quienes vulneran gravemente los derechos humanos y con ello trasgrede los tratados internacionales que resguardan el cumplimiento de su responsabilidad en esta materia.
Manifestamos también nuestro apoyo a la labor que la Defensoría de la Niñez ha cumplido en nuestro país, resguardando y denunciando aquellas acciones que han vulnerado los derechos fundamentales y el ejercicio ciudadano de las y los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Su papel comprometido ha sido fundamental para general políticas públicas transversales que potencien el reconocimiento y respeto de los derechos y garantías, que, de modo irrestricto, deben ser parte del actuar del Estado y de la sociedad en su conjunto.