Opinión de Claudia Calquín Donoso, doctora en Derechos Humanos y ciudadanía y Académica Escuela de Psicología, Usach:
¿Cuáles son las vidas expuestas al sacrificio biológico? es la pregunta que la antropóloga Adriana Petryna se hace en su etnografía publicada en el 2003 Life Exposed: Biological Citizens after Chernobyl en el que analiza los efectos del desastre de Chernobyl -considerado por las Naciones Unidas la mayor catástrofe ambiental en la historia de la humanidad-. En este trabajo revela los conflictos, tensiones y negociaciones que trajo este hecho, especialmente en la dimensión de la toma de decisiones del recién creado estado Ucraniano y los modos en que estas decisiones fueron conformando nuevas categorías de ciudadanos así como nuevas formas de exclusión, y que respondían de alguna u otra manera a una pregunta clave en las sociedades en que reina la desigualdad: qué vidas son reconocidas y cuáles deben ser sacrificadas. Por ejemplo, esta pregunta rodeaba las decisiones sobre qué vidas eran trasladadas a la ciudad de Chernobyl para controlar la radiación o qué vidas eran llevadas fuera de la ciudad a otros espacios no contaminados hasta, qué vidas serían reparadas y reconocidas como afectadas por daños biológicos causados por la exposición a la contaminación radioactiva. La enseñanza que el trabajo de Petryna nos deja, es que los riesgos biológicos nos confrontan a toma de decisiones en donde se ponen en juego no sólo cuestiones técnicas o mejor dicho, nos enseña que las decisiones técnicas están cruzadas por los mismos límites del conocimiento científico, el lugar que tiene el peso de la economía en dichas decisiones así como las definiciones y estatus no sólo jurídico, sino que político, que tiene los sujetos considerados ciudadanos en dicha toma de decisión.
Sin duda, un aprendizaje que brinda algunas claves para llevar a un examen crítico de las decisiones hasta ahora tomadas por el gobierno, especialmente en lo que se refiere al regreso de lo que resuena como la “nueva normalidad” consistente en tres medidas: retorno gradual a las clases escolares; reapertura del comercio, y regreso de los funcionarios públicos a trabajar de manera presencial. Son tres medidas que para la mayor parte de la población generan sensaciones de mayor riesgo, inclusive de cierta desprotección. Desde mi perspectiva estas medidas son problemáticas por varios motivos. El primero de ellos es su falta de legitimación no solo por parte de la población en general sino que en el mismo llamado “mundo experto”. Recordemos que de forma inmediata el Consejo experto asesor del gobierno afirmó que no habían sido consultados. Epidemiólogos e infectólogos han manifestado distinto de grados de desacuerdo pero en todo ello se sugiere que la medida es por lo menos riesgosa. El colegio de profesores así como otros gremios profesionales han manifestado su rotundo desacuerdo. Nuestra propia universidad, en tanto institución pública, ha contravenido el mandato y ha señalado la continuidad de las medidas de cuarentena y teletrabajo. El problema de la ilegitimidad, no tiene que ver con apelar a la popularidad de las medidas sanitarias, pues estas casi siempre son impopulares en la población. Lo problemático es que estas medidas requieren de un alto compromiso de los todos los actores y las actrices en la gestión del levantamiento gradual de la cuarentena, y como cientistas sociales sabemos, y la vida misma nos ha enseñado, que si esos actores y actrices no están comprometidos/as ni convencidos/as ni son protagonistas de la implementación rigurosa de las acciones, lo más probable es que la medida fracase.
Otro de los problemas es que si bien el gobierno ocupa el concepto de “nueva normalidad” acuñado por la OMS, lo cierto es que estamos lejos de cumplir con los requisitos que esta organización exige para declarar dicho estado de situación. Por ejemplo, la OMS habla de la reducción constante de nuevos casos en un lapsus de 15 días, aseguramiento a toda la población de tratamientos y respiradores, entre otras cuestiones. Junto a esto, el anuncio se da en un contexto de profunda desconfianza ciudadana e inclusive académica respecto a la transparencia de los datos proporcionados así como los cálculos e interpretaciones realizadas, a tal punto que no es posible estimar de forma rigurosa la cantidad de casos nuevos, contagiados, recuperados y fallecidos. Se insiste en una supuesta evidencia cuando sabemos que esa evidencia no es concluyente, por el contrario, un análisis muy superficial de lo que se ha publicado hasta ahora en revistas científicas revela que la mayor parte de los estudios corresponden a estudios de casos, con resultados muy idiosincráticos y con muy poca capacidad de generalización, no solo por el tipo de metodología utilizada, sino por la misma variabilidad y capacidad de mutación del virus –que inclusive para el ministro puede convertirse en un virus bueno-y que su propagación y comportamiento dependen más de las condiciones sociales y ambientales y de las propias medidas que los estados implementen. Esto muestra, también, que el uso de la evidencia para fines de gobierno, no necesariamente está libre de manipulaciones o inclusive de mal uso.
Con todos estos antecedentes, pareciera que la toma de decisiones por mucho que se le quiera dar una apariencia de tecnicidad, usando las retóricas de la OMS pero despojando sus contenidos y exigencias, está más cruzada por la urgencia de reactivar la economía, que sabemos, ha sido uno de los principales temas de interés desde el inicio de la pandemia frente a lo que ya se anuncia como una recesión generalizada. De ahí que la problematicidad y apresuramiento de estas medidas, es que se ponen en juego dos intereses que para el modelo neoliberal son irreconciliables: los intereses de la sociedad y los intereses privados del capital, que además se despliegan desde desiguales lugares de enunciación y posibilidades de impacto en las decisiones políticas a nivel central. El mismo gobierno especialmente a partir del 18 de octubre, se ha encargado de quitar espacios de representación a las demandas ciudadanas, ha debilitado los sindicatos, perseguidos a organizaciones y activistas. No es menor que el día 22 de abril, el Ministerio del Trabajo, supuesto representante de los intereses de los trabajadores y ciudadanos, haya despachado el proyecto de ley que suspende los plazos de negociaciones colectivas que hubieren iniciado o que inicien durante el estado de catástrofe, prorroga los contratos colectivos vigentes, entre otras medidas que para la CUT están al borde la legalidad.
El filósofo Mark Fisher hablaba del «realismo capitalista» imperante en la actualidad, para hablar de una atmósfera general en que la economía subsume todas las dimensiones de la vida humana, desde la cultura, el trabajo, la salud, la educación, etc., se trata en sus propias palabras de una fórmula “que condiciona no solo la producción de cultura, sino también la regulación del trabajo y la educación, y que actúa como una barrera invisible que impide el pensamiento y la acción genuinos”; de esta forma la sociedad se gobierna como si fuera una gran empresa. Desligar la economía de la política, y más aún, subordinar la política – entre ella la sanitaria, educativa y laboral- a lo económico, fue unos de los gestos más profundos del neoliberalismo. Esta autonomía de la economía permite situarla como una realidad aparte, medio y objeto de sí misma, pero que se erige como el gran traductor y motor de la realidad. De esta forma, todas las decisiones son realizadas bajo un único principio económico que se erige a la vez, como principio categórico y universal: el de costo-beneficio con resultados que movilizan lo que el filósofo camerunés Achille Mbembe llamó necropolíticas, es decir políticas de la muerte. En una reciente entrevista aparecida en el diario El Mostrador, el filósofo español y presidente de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política, Roberto Aramayo afirmó que, algunas de las medidas implementadas puede ser interpretada como una eugenesia encubierta, haciendo alusión a las prácticas de dejar o hacer morir a ciertas poblaciones de forma sistemática de acuerdo a criterios de edad y expectativas de vida. En sus palabras el caso Español revela que los adultos mayores se les ha tratado “activos caducados” que pueden “lastrar los cálculos del inventario económico” lo que sentaría las bases para peligrosas discriminaciones sanitarias, vulnerando el principio universal de no discriminación. Así, como en el caso de España y quizás también en Chile en un futuro próximo, los adultos mayores son un gasto innecesario, hoy la vuelta a la “nueva normalidad” y la decisión de lanzar a los niños, trabajadores fiscales y del comercio con escaso poder de negociación colectiva y participación en la toma de decisiones, muestra que el interés económico y evitar la recesión se está haciendo bajo un peligroso esquema de decisiones de alto riesgo respecto al comportamiento de la pandemia y que inclusive viola principios fundamentales de los derechos humanos como por ejemplo, para el caso de los niños, el interés superior del niño y el derecho a la protección. El beneficio es la reactivación de la economía el costo, el sacrificio sistemático de algunas biologías que el estado ha decidido sacrificar soberanamente. De lo que trata entonces, es de una medida estrictamente económica, no sanitaria ni educativa, ni pensada para el bien de la sociedad en un contexto en que han estallado los límites de la ciencia y el gobierno ha manipulado y gestionando perversamente la inmovilidad y quizás el miedo o también, la responsabilidad de los y las ciudadanos/as para mantener la cuarentena y por lo tanto no manifestarse públicamente y continuar con la revuelta social; como hemos aprendido, no sólo el conocimiento científico sirve para legitimar decisiones políticas y económicas, sino que también, la misma ignorancia.